LA ZONA CIVIL Y LA ZONA MILITAR SIN CONSULTA
AL PUEBLO EMPODERADO DE SOBERANÍA NACIONAL.
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Militares consolidan su poder económico con 11 compañías creadas por Maduro
Nicolás Maduro es el presidente civil que ha abierto más empresas militares cuyos balances son camuflajeados.
La nueva compañía petrolera y minera Camimpeg se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista que abarca diversos sectores productivos
@boonbar
La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada el 10 de enero de 2016, no es la primera ni la única empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) constituida durante los tres años del gobierno de Nicolás Maduro.
La nueva empresa se incorpora a la llamada Zona Económica Militar Socialista, que agrupa a otras 10 compañías con personalidad jurídica y patrimonio propio adscritas al Ministerio para la Defensa, creadas bajo la administración de la almiranta Carmen Meléndez, ahora diputada ante la Asamblea Nacional (AN) por el oficialista Psuv.
La vocación empresarial de las fuerzas armadas se oficializó con la llegada de Maduro al poder. El 19 de abril de 2013, seis días después de asumir la presidencia, el mandatario asomó desde la base aérea Rafael Urdaneta en Maracaibo la instauración de una “poderosa” zona económica militar con el fin de “satisfacer la demanda de la Fanb” (bienestar, seguridad, educación y protección de las familias integrantes de la Fanb). El mandatario destacó que, además, estaría en capacidad de construir cuarteles, viviendas y sitios de entrenamiento para los diferentes componentes de la Fanb.
Tres meses después, el 9 de julio de ese año, el presidente civil formalizó la Zona Económica Militar Socialista con la apertura de unas primeras seis empresas que abarcan disímiles sectores, desde transporte, agricultura y comunicaciones hasta finanzas, bebidas y construcción.
La aparición de esta corporación verde oliva coincide además con la consolidación de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Y el 9 de agosto de 2013 (Gaceta Oficial 40.225), se activaron la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes (Redian) y la Región Estratégica Integral Marítima e Insular (Redimain), sumándose a las cinco existentes.
Mientras 4.300 industrias han desaparecido en los últimos 10 años en Venezuela (según el INE), el sector empresarial militar pareciera estar en expansión. Desde julio de 2013 hasta febrero de 2016, el MinDefensa ha creado 11 empresas para el “desarrollo económico de la Fanb”. Ocho de ese total abrieron durante el primer año del anuncio de la Zona Económica Militar: Banco de la Fanb (Banfanb); Empresa Agropecuaria de la Fanb (Agrofanb); Empresa Militar de Transporte (Emiltra); Empresa Sistemas de Comunicaciones de la Fanb (Emcofanb); Televisión Digital de la Fanb (TVFanb); Fondo de Inversión Negro Primero (Fimnp); Constructora de la Fanb (Construfanb) y Agua Mineral Tiuna (empresa mixta dentro del complejo industrial del Fuerte Tiuna).
En agosto 2014, abrió la Empresa Mixta Bolivariana Cancorfanb, del sector construcción, producto de la fusión entre la estatal Construfanb (propietaria de 51% de las acciones) y la privada Canteras Cóndor, creada en 1996 (49% de acciones).
Tecnomar es una empresa originalmente privada dedicada a la tecnología de comunicaciones que nació el 4 de enero de 2005 en Nueva Esparta, pero que en 2015 vendió la mayoría de sus acciones a Encofanb, convirtiéndose en la Empresa Mixta Militar Venezolana de Proyectos de Tecnología.
La más reciente empresa que se incorpora a la zona económica militar es Camimpeg. El 22 de enero de 2016, tres semanas antes de su creación, el ministro Vladimir Padrino López llamó a impulsar el Motor de Industria Militar para contribuir con el desarrollo nacional. En ocasión de la instalación de mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva, el titular de Defensa declaró: “tenemos que darle rumbo a un nuevo modelo productivo en Venezuela”.
“La llegada de Campimeg es un paso más del proceso de militarización de la economía del país”, considera Rocío San Miguel, coordinadora de la organización Control Ciudadano.
Minas y petróleo en la mira
Camimpeg se enmarca dentro del Eje Productivo del Plan Sucre II que contempla la promoción y desarrollo de la industria militar, según reza el decreto 2.231 que marca su creación. Tiene una amplia gama de atribuciones, desde servicios petroleros de gas y explotación minera, mantenimiento de pozos petroleros, reparación de taladros, importación de productos y equipos, transporte, obras civiles, descontaminación ambiental, entre otros.
“Se trata de un nuevo anclaje de las Fanb para acumular mayor poder del Estado tomando parte del principal negocio de la Nación. Representa la unión de dos de los factores más poderosos de Venezuela: la Fanb y la industria petrolera”, observa la coordinadora de la organización Control Ciudadano Rocío San Miguel.
“Es una decisión llena de irregularidades, que viola en primer lugar la Constitución y la Ley orgánica de la Fanb al permitir la participación militar en el desarrollo del país por decreto y no mediante una ley. También, al desplazar a Petróleos de Venezuela, viola la ley de Hidrocarburos que atribuye a Pdvsa el manejo de la industria petrolera”, advierte San Miguel, quien además subraya que Caminpeg “plantea peligros para la concepción del Estado como depredador de los recursos naturales en la búsqueda de fuentes de riqueza”.
Expertos consultados coinciden en que podría tratarse de una manera de garantizar un espacio de poder frente a un posible cambio de gobierno.
El economista Luis Oliveros ubica como antecedente a una empresa de cobre en Chile en manos de militares. “Más que pensar que va a haber corrupción, hay que tomarla como una muy mala noticia para el país. Le resta poder a Pdvsa y cuida la espaldas a los militares ante un posible cambio de poder”.
Mientras, el economista Patricio Ucaoa descarta la tesis de que la empresa miliar sea un vehículo para salvar activos después de un virtual default. Considera que la creación de la empresa militar de petróleo y minas tiene que ver más con una negociación política que con un tema económico, como sucedió con en Chile con la salida de Augusto Pinochet, quien otorgó privilegios a los militares en la industria minera. La concertación democrática tuvo que garantizárselos a los militares para permitir la transición hacia la democracia.
Saliéndose del cuartel
La Constitución venezolana define a la Fanb como una institución esencialmente profesional, sin militancia política cuya función es garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. La actividad económica no está contemplada en la carta magna.
“Los militares están para la defensa del país, no para administrar activos del gobierno y mucho menos la industria petrolera”, recuerda el economista Luis Oliveros.
Pero el MinDefensa no sólo ha creado empresas con capital y ánimo lucrativo para las fuerzas armadas sino que también ha expandido sus actividades más allá de los cuarteles.
Construfanb, por ejemplo, no solo se encarga de edificaciones militares. También ha firmado convenios con la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), adscrita al Ministerio para la Salud. En mayo de 2014, asumió la continuación de seis hospitales especializados de la misión Barrio Adentro IV. Casi dos años después, las obras no se han reactivado.
Emiltra tampoco se encarga exclusivamente de traslado de mercancía militar o armamento. Según la memoria y cuenta 2014, la empresa de transporte movió 10.863 toneladas de insumos y productos básicos a la Red Productiva Nacional, como Abastos Bicentenario, Lácteos Los Andes, Mercal, Fontur, Industria Venezolana Maicera y Pdval. También llevaron electrodomésticos, cauchos, material de limpieza y enseres domésticos que se encontraban en la Torre de David.
Además, hicieron más de 650 movimientos operativos de valores de la banca pública y privada, según el balance de 2014 del MinDefensa.
Cifras bajo el uniforme
No se conocen mayores detalles sobre el desempeño de estas empresas militares, destaca San Miguel. “Son compañías anónimas de transabilidad mercantil que al no garantizar transparencia ni auditorias, tienden a convertirse en parcelas de corrupción”.
Las Memoria y cuenta de 2013 y 2014 del MinDefensa informan sobre algunas inversiones de estas compañías que permiten tener una idea de los presupuestos asignados.
En el año de su creación, Emiltra invirtió 111 camiones de carga, 7 camionetas pick up y 4 camiones de volteo por Bs. 112.500.000.
Mientras que para la primera fase de creación del Canal de Televisión Digital Abierta para la Fanb, TVFanb, se dispusieron Bs 54.000.000 y 5,9 millones de dólares.
En 2014, el Fondo de Inversión Negro Primero ejecutó 68 proyectos de infraestructura por el orden de Bs. 601.398.157, según la memoria y cuenta del MinDefensa.
La constructora de la Fanb, Construfanb es la que muestra más inversiones. En 2013, tuvo una inversión inicial de Bs. 170.000.000 (memoria y cuenta 2013).
Pero al año siguiente, manejó un presupuesto más cuantioso: Recibió 7 créditos adicionales por Bs. 1.710.170.324 aprobados entre abril y diciembre de 2014, según cálculos de Transparencia Internacional. Además, invirtió Bs. 63.033.609,7 en 20 obras que incluyen instalaciones eléctricas, recuperación de sistemas de aguas servidas y culminación del dormitorio femenino del Cuartel General del Ejército, entre otras.
Banfanb fue la segunda empresa militar que recibió créditos adicionales en abril de 2014 por el monto de Bs. 41.144.381,25.
Gerencia en entredicho
Las expectativas sobre cómo sería gerenciada una compañía petrolero-minera por parte de militares podría medirse en los resultados de las empresas básicas de Guayana durante la administración chavista.
La corporación se encuentra en uno de los peores momentos productivos desde que fue creada en 1960. Por la caída de la producción, han dejado de ingresar 10 mil millones de dólares al país.
En el caso de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, en 2015 produjo 1 millón de toneladas de acero de las 4,6 millones de toneladas que puede producir anualmente. Las pérdidas duplican a las de 2014 y superan sus activos.
Siete de los 10 presidentes que ha tenido la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) entre el año 2000 y el presente son militares: Antonio López Reina; Francisco Rangel Gómez; Rafael Sánchez Márquez; Daniel Machado Gómez; Rafael Gil Barrios; Carlos Osorio Zambrano y el actual Justo Noguera Pietri. Los único civiles han sido Víctor Álvarez, Rodolfo Sanz y José Khan. El sello verde oliva marca la administración del holding minero de Guayana.
Además, hicieron más de 650 movimientos operativos de valores de la banca pública y privada, según el balance de 2014 del MinDefensa.
Cifras bajo el uniforme
No se conocen mayores detalles sobre el desempeño de estas empresas militares, destaca San Miguel. “Son compañías anónimas de transabilidad mercantil que al no garantizar transparencia ni auditorias, tienden a convertirse en parcelas de
